August 14, 2019 757 PM
Por ABBIE PERRAULT
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CONDADO DE PRESIDIO – Una nueva demanda presentada contra el Condado de Presidio alega que la represalia política por parte del condado y de su tesorera, Frances García, condujo al despedido injusto de Katie Sánchez, ex Directora de la Oficina de Gestiones y Presupuestos (OMB), que se presentó sin éxito como candidata contra García para el puesto de tesorera en las elecciones de marzo de 2018.
La demanda, presentada por Sánchez el 17 de julio de este año, nombra como acusados el Condado de Presidio y García “en su capacidad individual.” El caso fue presentado en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Oeste de Texas, División de Pecos, y la demanda federal –en el caso de que no lleguen a un acuerdo extrajudicialmente– significará un juicio con jurado.
En marzo de 2018, García ganó a Sánchez durante las primarias demócratas para el puesto de tesorera. Un mes después, García pidió una sesión ejecutiva en la Corte de los Comisionados para hablar de Sánchez. No obstante, antes de que pudieran hablar del tema, el fiscal del condado Rod Ponton le dejó claro a García que ella no tenía la autoridad para hablar del personal de otra oficina.
Para el 22 de agosto de 2018, la OMB –y, por tanto, el puesto de empleo de Sánchez– fue abolida por los Comisionados del Condado; el comisionado saliente Loretto Vásquez puso la eliminación de la OMB en el orden del día y él, junto con los actuales comisionados Eloy Aranda, José Cabezuela y Brenda Bentley, aprobaron la medida.
La juez Cinderela Guevara estuvo en desacuerdo y Buddy Knight, que al cabo de poco ocuparía el puesto vacante de Vásquez, expresó que la medida “parecía ser una represalia política.” Antes de la reunión en agosto, no hubo ningún debate formal entre los comisionados sobre la eliminación de la OMB.
Antes de que los comisionados votasen, el fiscal del condado Rod Ponton leyó su opinión escrita que decía que el despido de Sánchez podría llevar a una expansiva y costosa obligación jurídica, ya que la situación parecía deberse a una represalia política. Creyó, correctamente, que la eliminación de la OMB –y, por tanto el puesto de Sánchez– podría dar lugar a una demanda judicial.
La carta de Ponton afirmaba, “La Sra. García y otras personas están presionando a los comisionados del condado para abolir la Oficina de Gestiones y Presupuestos,” y esa clase de represalia infringiría los derechos de una persona de la Primera Enmienda. Los comisionados no hicieron caso a sus palabras.
El hecho de presentarse como candidato para un puesto está protegido como libertad de expresión bajo la Primera Enmienda, y la demanda de Sánchez alega, en efecto, una transgresión de su derecho bajo la Primera Enmienda de estar exenta de la represalia y la venganza después de postularse políticamente para un puesto.
Sánchez misma dijo lo que pensaba antes de las votaciones, afirmando que García ya había creado un entorno de trabajo hostil, declarando que García le había gritado a ella y a Guevara y alegando que García dijo a otros funcionarios del condado que le daría a Sánchez “otros cuatro años de infierno puro.”
Durante la reunión de agosto, los comisionados justificaron el despido como una medida de ahorrar gastos para el condado. No obstante, la demanda señala que “poco más de un mes después de eliminar la OMB bajo el pretexto de ahorrar dinero, la Corte de los Comisionados aprobaron un presupuesto del 2019 que incluía, entre otras cosas, un aumento de sueldo del 3% o más para todos los empleados del condado.”
Doak Painter, contador público certificado, planteó esa misma preocupación en su informe de auditoría del marzo de 2019 sobre las finanzas del condado. “No entendí por qué dijeron que iban a eliminar la OMB para ahorrar dinero y luego dieron aumentos de sueldo a todo el mundo.”
Painter rechazó la oportunidad de seguir haciendo las auditorías de las finanzas del condado, en parte debido a la eliminación de la OMB, que le preocupaba por “trasladar todo al auditor del condado.”
La OMB fue creada cuando el condado estaba atravesando dificultades económicas y había recibido una opinión adversa durante una auditoría. La oficina supervisaba el cumplimiento de las leyes así como la gestión de subvenciones, el inventario y riesgos.
Desde el cierre del departamento, el condado ha perdido cuatro fondos de subvenciones. La auditora del condado, Patty Roach, asumió las responsabilidades de la OMB como las cuentas corrientes y la aprobación de las nóminas y de las compras: acciones que antes se separaban entre la auditora y la OMB para mantener un sistema de controles y equilibrios.
Painter afirmó después de su más reciente auditoría del condado que cree que Roach es una buena auditora, pero le sigue preocupando el hecho de que mucha responsabilidad y conocimiento estés ahora concentrados en una única oficina.
Sánchez ha contratado a John A. Wenke, abogado de El Paso, y se les asignará un abogado al condado y a García –ambos representados por el fondo común de riesgos de la Asociación de Condados de Texas–.
Aún se desconoce la representación exacta, según dijo el fiscal del condado Ponton, añadiendo que el condado está asegurado frente a reclamaciones como esta y, en el caso de que haya obligaciones jurídicas, las pagarían el seguro y no los ingresos del condado.
En cuanto a la demanda misma, Ponton afirmó, “El Condado de Presidio no hará ningún comentario sobre las litigaciones pendientes.” García, tesorera del condado, no pudo ser localizada para que hiciera un comentario para este artículo.
Respecto al cargo de represalia bajo la Primera Enmienda, la demandante Sánchez pide que el tribunal le conceda compensación cautelar y equitativa, pagos retroactivos y beneficios, pagos que representan la cantidad de dinero que habría ganado si fuera readmitida o contratada para el puesto con una remuneración más alta y beneficios, daños compensatorios, daños punitivos únicamente contra García, honorarios de abogado, gastos del tribunal, interés prejuicio y post juicio acumulado según la tarifa máxima permitida por la ley y otras indemnizaciones que la corte considere necesarias, adecuadas y justas, generales o específicas, y a las que tenga derecho la demandante.
Incluso si no declaran que hay obligaciones jurídicas, sigue en pie la opinión original expresada por Ponton. Una demanda presentada por la Sra. Sánchez “sería increíblemente costosa para la ciudad [sic] sin importar si ella prevalezca o no al final,” y “cualquier litigación que busque acabaría pasando sin duda por los tribunales de una manera prolongada y cara. La exposición a la responsabilidad por parte del condado mediante la propuesta de eliminar la Oficina de Gestiones y Presupuestos podría ser increíblemente alta.”
Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA
