September 11, 2019 830 PM
Una tarde en Georgia, un hombre robó de una tienda de barrio una lata de cerveza de 2$. Fue rápidamente detenido, procesado y se le obligó a llevar en su tobillo un aparato de vigilancia de 1,000$ -a sus expensas- como parte de su declaración de culpabilidad negociada. El hombre, ya empobrecido, vendió su plasma para intentar hacer los pagos mínimos. Cuando se retrasó en los pagos, el tribunal lo encarceló por no poder pagarlos.
Los casos como éste parecen una versión moderna y absurda de una novela de Víctor Hugo, pero la terrible realidad es que son demasiado comunes. Además, a menudo están directamente correlacionados con la negación por parte de las autoridades estatales y locales de subirles los impuestos a sus residentes más adinerados.
Puede que suene a exageración, pero un informe reciente halló que más de 600 jurisdicciones en los Estados Unidos dependen de tarifas y multas procedentes de cargos penales para generar más del 10 por ciento de sus ingresos. En 200 de esas jurisdicciones, significan más del 20 por ciento de los ingresos. Estas jurisdicciones son abrumadoramente rurales, empobrecidas y a menudo están bajo la amenaza de más recortes presupuestarios por parte de sus gobiernos estatales. No por casualidad, también tienden a estar ubicadas en los estados con estructuras tributarias regresivas que colocan una mayor cuota de la carga de los ingresos en los residentes de bajos ingresos en lugar de en sus vecinos adinerados.
En la mayoría de los estados, las ciudades y las jurisdicciones locales no tienen la autoridad legal para promulgar impuestos sobre la renta y deben depender fuertemente de la financiación estatal para mantener en funcionamiento los servicios públicos. En los últimos años, muchos legisladores estatales se han centrado en reducir drásticamente los impuestos sobre la renta y los impuestos empresariales, dejando a las autoridades locales con un déficit presupuestario y pocas opciones para generar ingresos. En esa difícil situación, es fácil ver por qué las jurisdicciones más empobrecidas recurren a las tarifas y las multas para sus ingresos. Sin embargo, lo único que esto hace es sacar dinero de los residentes que ya no tienen suficiente y perpetúa un ciclo de desigualdad que espanta a las inversiones que se necesitan desesperadamente en estas comunidades.
Como si depender de la criminalización de sus propios residentes no fuera suficientemente lamentable, la gente que sufre las peores consecuencias de estos fallos políticos es desproporcionadamente gente de color con bajos ingresos. Los residentes con bajos ingresos a menudo no pueden permitirse pagar las multas y las tarifas por cargos penales menores como multas de tráfico, cruzar la calle imprudentemente, tirar basura en la calle o realizar el más pequeño de los hurtos.
Es una práctica común en 43 estados encarcelar a los residentes –a su propia expensa– que no pueden permitirse pagar los pagos mínimos de sus multas o tasas judiciales. Sin embargo, el preso medio acumula 13,067$ en multas y tarifas asociadas con la encarcelación: atrapar a los individuos encarcelados es un ciclo de deuda ineludible ya que normalmente no pueden obtener ingresos en la cárcel.
Esencialmente, las jurisdicciones estatales y locales están criminalizando la pobreza para sus ingresos. Muchos legisladores que podrían arreglar este problema no lo entienden. Están acostumbrados a tratar con gente que tal vez sea lenta para pagar sus facturas, pero que rápidamente pagará en respuesta a la amenaza de ser encarcelada: y no conocen a gente en sus eventos recaudatorios que no tienen los medios para pagar una multa.
Eso ya es un problema, pero es mucho más preocupante cuando está yuxtapuesto con la negación de muchos de estos mismos gobiernos a recurrir a la fuente más obvia de ingresos: cobrar impuestos a los ricos.
En los 45 estados con estructuras tributarias regresivas, los que forman parte del 1 por ciento acaban pagando la menor tasa efectiva de impuestos mientras que los que forman parte del 20 por ciento más bajo de ingresos pagan el 50 por ciento más. Esto es tanto moral como fiscalmente irresponsable. Cuando las ciudades y los estados necesiten ingresos, deberían recurrir a los residentes que tienen más recursos y que no están contribuyendo con su parte proporcional. En cambio, están recurriendo a los residentes que ya están luchando para sobrevivir. La gran mayoría de estas jurisdicciones felices con las multas están intentando taponar un agujero financiero de la manera más insostenible e injusta, cuando lo que realmente necesitan hacer es atraer inversiones externas –y los inversores como yo tendemos a huir de lugares donde la desigualdad es tan flagrante que los residentes locales ni siquiera pueden participar en sus propias economías.
Así que, abordar la brecha de ingresos cobrando impuestos a los ricos no significa una grotesca redistribución de riqueza. Simplemente se trata de asegurar que todos los residentes puedan pagar su parte y, en el proceso, revivir las debilitadas economías rurales. Si las legislaturas estatales en todo el país estuvieran dispuestas a promulgar estructuras tributarias progresivas que hacen que eso sea posible, las jurisdicciones no tendrían que depender de la sobrecriminalización de sus residentes más vulnerables para recaudar el dinero que necesitan. La equidad engendra equidad, es así de sencillo.
Morris Pearl es ex director gerente de BlackRock, Inc. y presidente de Patriotic Millionaires, una coalición de estadounidenses con un elevado patrimonio que están preocupados por la concentración desestabilizadora de riqueza y poder en los Estados Unidos.
Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA
