September 25, 2019 845 PM
Por el Honorable Antonio Garza, Embajador (jubilado) de los EE.UU.
A principios de este mes, las autoridades mexicanas y estadounidenses se reunieron en Washington, DC, para revisar las últimas cifras migratorias. Fue la primera reunión oficial desde que la administración Trump amenazó con aplicar aranceles si México no tomaba los pasos suficientes para reducir la migración que pasa por su territorio. Ahora, la gran pregunta es si los esfuerzos de México han sido exitosos, y es muy probable que el resultado determine el tono de las relaciones bilaterales en los próximos críticos meses.
No obstante, las negociaciones ya han establecido un precedente inquietante. A diferencia de las administraciones anteriores –donde cada problema bilateral entre los EE.UU. y México fue abordado por separado–, ahora los objetivos migratorios están siendo promovidos mediante incentivos y amenazas económicos.
La actual migración de un lado para otro comenzó el mes de mayo pasado, cuando las detenciones en la frontera entre los EE.UU. y México alcanzaron sus mayores niveles en más de una década. Durante aquel mes, más de 130,000 individuos de Centroamérica y de alrededor del mundo llegaron a la frontera, muchos de los cuales eran familias intentando conseguir asilo. A medida que las cifras de las detenciones batieron récords y abrumaron a las autoridades estadounidenses, la administración Trump centró su atención en México, exigiendo que el país aumentara sus esfuerzos para aplicar medidas o enfrentarse a los aranceles. Las siguientes rondas de reuniones bilaterales terminaron con un acuerdo, en el que México prometió aumentar sus esfuerzos para controlar la migración con un plazo límite de 90 días para revisar la situación.
Ahora, las próximas reuniones en Washington señalan el fin del plazo límite y habrá mucho de qué hablar. Desde mayo, las autoridades mexicanas han aumentado las operaciones y las detenciones migratorias, incluyendo el despliegue de miembros de la recién creada Guardia Nacional. El número de deportaciones también aumentó, alcanzando las casi 20,000 en junio, los niveles más altos en más de una década. Mientras tanto, en las últimas semanas, a los migrantes asiáticos y africanos también se les han denegado documentos de viaje en el sur de México, esencialmente impidiéndoles viajar hacia el norte. Estas políticas coercitivas vienen con sus propias consecuencias, como hacer que la gente busque traficantes o dejar a los solicitantes de asilo sin protección suficiente. No obstante, han hecho que se produzca un cambio positivo en los objetivos migratorios fijados por los Estados Unidos en la dirección buscada por la administración Trump.
A pesar de estos avances, es posible que los esfuerzos de México no sean considerados suficientes. Desde el pasado mayo, la administración Trump ha continuado buscando una gran variedad de estrategias para reducir la migración. El Departamento de Seguridad Interior ha buscado llegar a acuerdos con los países terceros seguros alrededor del hemisferio, y los Protocolos para la Protección de Migrantes –que envía de nuevo a las personas a México durante su solicitud de asilo– han sido ampliados para más de 35,000 solicitantes de asilo. A pesar de que recientemente el Ministro de Asuntos Exteriores de México y el Congreso Mexicano hayan dibujado una línea roja cuando se trata de un acuerdo con países terceros seguros, parece inevitable que las autoridades estadounidenses seguirán presionando a México para que impida que la gente transite por el país.
Y es aquí donde el precedente de usar amenazas económicas con las políticas migratorias se vuelve preocupante. Detener a las personas que están intentando no ser descubiertas y asegurar que los solicitantes de asilo reciban protecciones estipuladas legalmente es una tarea complicada, una tarea que incluso los Estados Unidos tiene dificultades para lograr plenamente. Esgrimir o aplicar aranceles o amenazar el delicado equilibrio que rodea el paso por el Congreso del acuerdo comercial entre los EE.UU.-México-Canadá como consecuencia de los esfuerzos coercitivos migratorios de México o como influencia para forzar su camino hacia un acuerdo bilateral de países terceros seguros no harán que estos retos migratorios sean más fáciles. Más bien, simplemente suscita más dolor económico para los negocios y los consumidores mexicanos y estadounidenses y amenaza la mayor relación comercial de los Estados Unidos.
Sin duda, hay la necesidad de una cooperación bilateral y regional con respecto a la migración. El movimiento de personas que salen de Centroamérica y el movimiento global son un reto compartido, un reto en que los Estados Unidos, México y países de toda la región podrían hacer más juntos que solos. Los Estados Unidos también tienen una larga historia colaborando con México en problemas de migración, incluso recientemente, en 2014, con el Plan Frontera Sur de México. Existe un precedente histórico y el espacio para una colaboración continua, no solo para la aplicación de las leyes sino para la creación de un sistema de protección regional.
Sin embargo, los Estados Unidos deberían perseguir estas relaciones beneficiosas mediante la cooperación, no la coerción. Esto comienza abordando nuestros propios sistemas de inmigración y de asilo, apoyar a México para desarrollar y aumentar sus propios sistemas y apoyar los esfuerzos para impedir que la gente tenga que marcharse de sus países. No deberíamos recurrir a los instrumentos de política económica para tratar los problemas migratorios, pero lo hacemos y a nuestro propio riesgo económico.
Antonio Garza trabaja como abogado con White & Case en Ciudad México y anteriormente sirvió como Embajador Estadounidense en México (2002-2009). Actualmente, el Sr. Garza es Director de Kansas City Southern (NYSE:KSU) –donde es miembro del Comité Ejecutivo y Presidente de la filial de la empresa, Kansas City Southern de México– y es Director de MoneyGram (NYSE: MGI) –donde sirve como Presidente del Comité de Cumplimiento y de Ética de la empresa–. Además, el Embajador es Fideicomisario de la Southern Methodist University y sirve como Presidente del Comité de Asuntos Legales y Gubernamentales de la universidad. Hace poco, el Embajador fue reconocido por su liderazgo en la sala de juntas por la Asociación Nacional de Directores Corporativos `100´ y fue nombrado por la revista Hispanic Executive Magazine por ser uno de los Mejores en la Sala de Juntas del 2019.
Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA
