January 29, 2020 226 PM
PRESIDIO – La Corte de Comisionados del Condado de Presidio celebró una reunión especial el pasado miércoles en el Anexo del Condado de Presidio donde hablaron de la compensación adicional para los empleados del condado, la aceptación de una donación para comprar otra máquina de votación y un acuerdo con la oficina del defensor público, entre otros temas.
Antes de abordar el orden del día, la corte escuchó a un par de residentes y funcionarios en relación con varias cuestiones diferentes.
Ramón Carrasco, ingeniero de Kleinman and Associates, puso la corte al día sobre el proyecto del tanque de agua de Redford. El equipo del condado vertió hormigón para los cimientos la semana pasada, pero el fabricante del tanque no estará aquí hasta finales de febrero. Habrá cuatro personas con el fabricante de tanques que se quedarán en el Centro Comunitario de Redford, según Carrasco, mientras trabajan en el proyecto de agua. Estarán trabajando en Redford durante casi un mes.
Después de que esa tripulación complete la construcción y el revestimiento del tanque, el condado comenzará a armar las tuberías y a conectar el nuevo tanque con las antiguas instalaciones. “Con suerte, para finales de mayo habremos terminado con ese proyecto,” dijo Carrasco.
Después de hablar Carrasco, el alguacil judicial Steven Coker preguntó a la corte por una reunión celebrada el 9 de enero en la que creía que se había planteado un problema, sin ninguna prueba, en relación con la obtención de un lavado de coches gratis en su vehículo personal.
Coker dijo apasionadamente a la corte que lo que creía que hacían con respecto a su lavado de autos era insultante y ridículo. La Juez Cinderela Guevara llamó al orden al poco tiempo y dijo que nadie acusó a nadie en la última corte de comisionados de ningún acto indebido.
“No usen este tribunal de comisionados y los comentarios públicos para tratar de airear los trapos sucios,” dijo la Jueza Guevara. “Esta no es la forma en que usamos la corte de comisionados.”
El asunto fue pospuesto y más tarde se redujo a una política de sistema de registro y la necesidad de documentación específica para el kilometraje y el reembolso de combustible. “Nunca fue necesario que hiciera esto,” dijo Coker. La corte elogió luego a Coker por su trabajo, diciendo que hace un buen trabajo. El Comisionado Eloy Aranda hizo una moción para aprobar todas las cuentas, el Comisionado Cabezuela la secundó y la corte votó para aprobar la moción.
El siguiente asunto no relacionado con el orden del día que se discutió fue el Censo 2020. Peggy O’Brien –Coordinadora de la campaña para el Censo “Hacer el Recuento”– dijo que como la mayoría de los residentes de esta área reciben el correo a través de apartados postales, tendrán más gente sobre el terreno repartiendo las encuestas y volviendo para publicitarlo de puerta en puerta. El 2020 será la primera vez que el Censo ofrezca una encuesta en línea y por teléfono.
La juez Guevara dijo que el Consejo de Gobiernos del Río Grande obtuvo una subvención de 114.000 dólares de la Fundación HOG para ayudar con el censo. Este dinero se gastará entre cinco condados del área incluyendo Presidio, Brewster, Jeff Davis, Culberson y Hudspeth.
O’Brien dijo que el Censo sigue contratando trabajadores y el pago comienza a partir de 18 dólares la hora, más el kilometraje.
Después de que terminase la conversación sobre el censo, Ponton sacó a relucir el tema de los transmigrantes y dijo que cree que la corte debe centrarse en el puerto de entrada de Presidio. Ponton dijo que planea pedir a la corte del condado, y a las ciudades de Presidio y Marfa, que se unan y escriban al congresista Hurd, a los senadores y a los departamentos de estado de EE.UU. y México para que no lleven a los transmigrantes a Presidio hasta que el puerto pueda ser actualizado y ampliado hasta el nivel en que pueda gestionarlos. “En este momento impediría que la gente de Presidio cruzara la frontera,” dijo Ponton.
El Comisionado Aranda apoyó la idea de Ponton de escribir a los funcionarios del estado. Dijo que traer a los transmigrantes sin actualizar el puerto de entrada no haría más que perjudicar a Presidio. “Un día se tardó 12 horas para llegar de Ojinaga a Presidio. La gente tiene que pensárselo dos o tres veces antes de hacer ese viaje.”
Ponton dijo que cree que el puerto debe ser ampliado por el tráfico que lleva ahora, antes de que lleguen más transmigrantes.
Después de estas observaciones, la jueza inició el orden del día.
En particular, el tribunal habló de la compensación de tres empleados. El primero fue Robert Salazar, empleado temporal que no era elegible para el aumento del condado el año pasado debido a que no había sido empleado durante 90 días en el momento del aumento.
El asunto cayó en manos de los comisionados para decidir si querían repartir aumentos a mitad de año, lo cual dijeron que era un problema para ellos el año pasado. Este tema fue postergado y los comisionados votaron más tarde para trasladar a Salazar a un puesto permanente y dejar que sea elegible para un aumento más adelante este año. La moción fue aprobada 3-2, con los comisionados Bentley y Aranda votando en contra.
En segundo lugar, hablaron del aumento para el gerente del aeropuerto Rudy Estor, aunque Estor no había pedido este aumento ni presentado una queja. El condado había negado el aumento del 3% a Estor, así como a algunos empleados de la cárcel y otros empleados del condado durante las discusiones del presupuesto de otoño, porque previamente habían dado aumentos a mitad de año a esos empleados, o creían que eran inelegibles. Muchos de esos aumentos de mitad de año estaban relacionados con cambios en los títulos y responsabilidades del trabajo.
La jueza Guevara llevó la paga de Estor ante la corte para ver si el condado quería hacer lo mismo que hizo con los empleados de la cárcel, que recibieron aumentos después de que se aprobara el presupuesto el año pasado, después de que presentaran sus quejas.
A Estor se le negó el aumento de 45 dólares el año pasado por el aumento que recibió cuando el condado contrató a Chase Snodgrass como gerente del aeropuerto. El comisionado Aranda hizo una moción para no dar a Estor un aumento y el comisionado Cabezuela la secundó.
El Comisario Knight luego dijo que tenía sentimientos encontrados, que le habían dicho que esto era discriminación porque era un aumento que habían recibido todos los demás en el condado. “Es una espada de doble filo,” dijo Knight.
La juez dijo que la llevó ante la corte de comisionados para no ser acusada de discriminación. La moción para no dar a Estor un aumento fue aprobada 3-2 con el Comisionado Knight y la Juez Guevara votando en contra de la negación del aumento.
El Comisionado Aranda presentó una moción para anular la anterior moción aprobada para que la corte pudiese hablar primero con el abogado. Luego la Juez hizo una moción para posponer este punto, aunque hubo cierta confusión en cuanto a si se le permitía hacerlo.
Y finalmente, Cherly Calvert -Tesorera Adjunta- presentó una queja ante la corte de comisionados, citando discriminación después de que se le negara un aumento durante el ciclo presupuestario. En una carta a la corte, Calvert dijo: “Creo que debería recibir lo mismo que le dijeron a Frances cuando solicitó mi aumento, los comisionados le dijeron que yo podía tener uno u otro, no ambos. Cada vez que el Sheriff quiere algo, lo consigue. Nadie más en el condado obtiene lo que quiere.”
No hubo acción sobre el punto en orden del día relacionado con Calvert debido a la falta de mociones, pero es probable que sea llevado a la corte en otro momento.
Además, la corte de comisionados votó a favor de un acuerdo interlocal con la Oficina Regional de Defensores Públicos del Lejano Oeste de Texas para proporcionar opciones de defensa pública para la gente del Condado de Presidio. Proporcionar defensores públicos es obligatorio y puede ser difícil en áreas rurales como Presidio y aumentaría el presupuesto anual en unos 4.500 dólares al año. La mayoría de sus fondos son proporcionados por el estado.
La Oficina Regional de Defensores Públicos del Lejano Oeste de Texas también ha firmado contratos con los condados de Hudspeth, Jeff Davis, Brewster y Culberson.
La corte de comisionados votó unánimemente a favor de una donación anónima de 5.915$ que fue obtenida por el presidente democrático del condado, Clark Childers. La donación fue ofrecida específicamente para comprar una máquina adicional de votación DS200.
Sin embargo, una donación no puede tener un uso designado adjunto. Al mismo tiempo, el Condado de Presidio no cumple con los requisitos estatales para los centros de votación. El condado debe tener al menos cuatro centros de votación durante las elecciones; tres en Presidio y uno en Marfa.
Tener una máquina de votación adicional aliviaría el recuento manual en al menos un lugar de votación en el Condado de Presidio, lo cual es una tarea que consume mucho tiempo. El Proyecto de Derechos Civiles de Texas envió una carta a la juez y al secretario del condado en la que afirmaba que creía que el condado estaba violando el Código Electoral de Texas al combinar los centros de votación durante las elecciones de noviembre de 2018.
“Esto no es avanzar en tecnología, esto es lo que nos ha impuesto el estado,” dijo la Comisionada Brenda Silva Bentley. “Una vez que han ordenado algo tenemos que cumplir.”
Por último, Malynda Richardson -Directora de los EMS en Presidio- dijo que la ciudad de Presidio se reducirá a una ambulancia por lo menos una semana mientras estén trabajando en la unidad de 565 de los EMS. Si el vehículo no regresa, Richardson dijo que entonces acudirán al estado en busca de fondos de emergencia para comprar una ambulancia nueva o usada. En una conversación posterior, Richardson dijo que habían identificado el problema y esperan tener la unidad 565 de los EMS de vuelta a finales de la próxima semana.
Traducción de MIRIAM HALPERN CARDONA
